La ZEDE Próspera, desarrollada en Roatán, ha generado un debate jurídico profundo en Honduras. Fundada bajo el marco legal de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), esta figura introdujo una forma de autonomía normativa y administrativa sin precedentes en la región. Sin embargo, su existencia ha chocado con principios constitucionales como la soberanía, la unidad del Estado y la supremacía de la Constitución. 


Las ZEDE fueron creadas mediante una reforma constitucional de 2013 (arts. 294, 303 y 329 reformados), junto con una ley especial que las regula. Estas zonas tienen características jurídicas excepcionales:

Autonomía administrativa y financiera

Regulación propia del sistema judicial, fiscal y comercial

Capacidad para establecer acuerdos con inversionistas y regímenes especiales

Este modelo permite incluso adoptar normas extranjeras (como el common law) dentro del territorio nacional, lo cual ya plantea tensiones con el principio de legalidad (art. 15 Cn.) y con la soberanía popular.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, existen al menos tres áreas de conflicto:

Violación del principio de unidad del Estado:

Las ZEDE operan como jurisdicciones independientes, lo que puede interpretarse como una fragmentación del territorio nacional (art. 1 Cn.).

Incompatibilidad con el control judicial:

Al establecer tribunales propios y procedimientos arbitrales que no dependen del Poder Judicial hondureño, se cuestiona el acceso pleno a la justicia (arts. 80 y 90 Cn.).

Algunos hablan que se esta violentando el principio de soberanía al permitir que inversionistas redacten normativas con fuerza de ley, se desdibuja el papel exclusivo del Congreso Nacional como órgano legislativo (art. 205 Cn.).

En 2022, con el cambio de gobierno, se derogó la Ley Orgánica de las ZEDE mediante Decreto Legislativo N.º 112-2022, lo que marcó un cambio drástico en la política estatal. El gobierno argumenta que el modelo ZEDE es inconstitucional desde su origen, a pesar de haber sido aprobado formalmente.

Las empresas como Próspera, por su parte, alegan la existencia de derechos adquiridos y han invocado tratados internacionales de protección de inversiones, lo que podría escalar a controversias arbitrales internacionales.

Este proyecto plantea un laboratorio jurídico sin precedentes en América Latina. Aunque su visión de desarrollo puede resultar atractiva, el diseño jurídico de las ZEDE tensiona principios esenciales del orden constitucional hondureño. La Corte Suprema de Justicia, el Congreso y eventualmente tribunales internacionales deberán resolver si este modelo puede coexistir con el marco legal nacional, o si representa una vulneración estructural al Estado de derecho.

Próspera representa una apuesta audaz por transformar el modelo económico hondureño mediante la creación de un entorno más competitivo y autónomo. Sin embargo, su éxito o fracaso dependerá no solo de su capacidad para atraer inversión, sino también de su legitimidad social, su respeto al marco constitucional, y su voluntad de integrarse de forma armónica con las comunidades que la rodean. En este cruce entre innovación y derecho, Honduras está escribiendo un capítulo que podría inspirar o advertir a otras naciones.